El sector ferroviario de CGT apoya a la PAH y a Nani, activista por el derecho a la vivienda de Alcalá de Henares
El próximo 14 de febrero Nani Martínez, activista por el derecho a la vivienda, se enfrenta a un juicio en el que se solicita para ella una pena de dos años y medio de prisión por parar en 2017 el desahucio de una familia con cuatro menores en Alcalá de Henares, en un intento de criminalizar el movimiento del derecho a la vivienda y de ejercer un castigo ejemplarizante contra una de las caras más visibles del mismo en Alcalá de Henares.
El 16 de enero de 2017 varias activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del Corredor del Henares, entre ellas Nani, acudieron a la calle Vázquez de Coronado de Alcalá de Henares a parar el desahucio de Remedios y Pedro, a los que Bankia quería dejar en la calle junto a sus cuatro hijos en plena ola de frío polar. En el transcurso del intento de desahucio tanto ella como otras nueve personas sufrieron lesiones por las violentas cargas de los agentes de la Policía Nacional, que mostraron su intención de acceder a la vivienda antes incluso de la llegada de los funcionarios judiciales que portaban la orden de desahucio, con quienes los abogados de la PAH pretendían negociar la paralización del desahucio por motivos humanitarios.
Las agresiones de los agentes les produjeron hematomas, erosiones, politraumatismos y cuadros de ansiedad, entre otras lesiones, como atestiguan los partes de atención médica. Tras conseguir parar el desahucio de Remedios y Pedro dos personas fueron detenidas en la misma calle Vázquez de Coronado de Alcalá de Henares. Nani, una de las caras más visibles de la PAH Corredor del Henares, recibió días más tarde la denuncia en la que la acusaban de un delito de atentado contra la autoridad en un relato cargado de falsedades.
Según la versión de la Policía, Nani se abalanzó sobre uno de los agentes, que sufrió una lesión en una pierna en la caída. Sin embargo, a la vista del relato de la Policía, resulta llamativo que Nani no fuera detenida en el mismo lugar del desahucio. Esa misma mañana nuestra compañera había recibido las intimidaciones de uno de los agentes. Nani ya se vio obligada a pagar una fianza de 4.000 euros que consiguió reunir gracias a la solidaridad de colectivos y particulares. La Fiscalía solicita para ella una pena de dos años de prisión, mientras que la solicitud de la acusación particular es de dos años y medio.
No nos cabe ninguna duda de la inocencia de nuestra compañera y de que el de Nani es un caso más de intento de criminalización de los movimientos sociales y de reprimirlos mediante lo que pretenden que sea un castigo ejemplarizante. Desde que comenzó a participar como afectada en la PAH Corredor del Henares, nuestra compañera Nani ha luchado de forma incansable y visible por el derecho a la vivienda, así como por otras causas sociales igualmente justas. Por todo ello, desde la Plataforma Nani Absolución hemos lanzado un manifiesto en el que solicitamos su absolución, mostramos nuestro más firme apoyo y nuestro más profundo rechazo contra la criminalización y represión de los movimientos sociales.
Ya se han sumado al mismo más de 40 organizaciones, entre las que se encuentran movimientos por el derecho a la vivienda (Coordinadora de Vivienda de Madrid, Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social, colectivos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios…), asociaciones de vecinos (FRAVM y FCAVAH), colectivos sociales (Agua de Mayo, Alcalá Entiende, Pensionistas Complutenses, Bienvenidxs Refugiadxs…), sindicatos (CCOO, CGT, CNT…) o partidos políticos, entre otros. Además, la petición lanzada en change.org por la Plataforma Nani Absolución casi ha alcanza ya las 600 firmas desde que fue publicada hace una semana. Para dar a conocer este nuevo caso de represión a los movimientos sociales comenzamos y reafirmarnos en el apoyo a nuestra compañera comenzamos la campaña #NaniAbsolucion, que incluirá acciones y actos informativos hasta el próximo mes de febrero. El juicio contra Nani no es solo contra ella, sino contra todas las personas que defendemos el derecho a la vivienda y contra todas las que luchan por cualquier otro derecho.
