Las Seis de La Suiza: Hacer sindicalismo NO es delito
La ultraderecha policial y judicial quiere ilegalizar el sindicalismo. El 24 de septiembre les diremos que no.
Desgraciadamente, la represión contra sindicalistas no es nueva, como tampoco lo son las actuaciones policiales y judiciales contra anarquistas, anarcosindicalistas, antifascistas o contra cualquier persona que participe en una movilización para defender un mundo más justo.
En los últimos años, más de trescientas sindicalistas de todos los sindicatos de clase han sido procesadas por participar en piquetes de huelga y más de una decena han sido condenadas a penas de prisión.
El caso de las seis compañeras de CNT condenadas tras denunciar acoso sexual y explotación laboral a una trabajadora en una pastelería de Xixón, es un caso más de una larga cadena, pero es también algo mucho más grave, que eleva la represión judicial al sindicalismo a un nivel desconocido desde el fin de la dictadura.
Hasta ahora, la policía y los jueces perseguían a sindicalistas acusándolas de cometer actos violentos, inventados o no, en piquetes o en otras movilizaciones sindicales, considerando que mediante estos actos se coaccionaba a otras personas o al empresario o se agredía a la policía.
En este caso, la acción sindical de CNT en el conflicto provocado por los abusos del empresario de la pastelería La Suiza de Xixón fue completamente pacífica. No se rompió un cristal, no se selló ni una cerradura. Ni siquiera se ocupó el local.
La respuesta de la policía a una acción sindical como la que hacemos todos los días desde CGT y desde el resto de sindicatos de clase fue tratar de atribuir a las sindicalistas un delito de extorsión. Para esta célula de ultraderecha de la policía, reclamar a un empresario que deje de acosar sexualmente a una trabajadora y que pague lo que establece la ley es un delito de extorsión. Lógicamente, el informe policial no fue capaz de mostrar ni un solo indicio de extorsión, pero afirmaba que la acción sindical totalmente pacífica podría constituir un delito de coacciones. El fiscal y el juez fueron de la misma opinión, y las compañeras han sido condenadas a tres años de prisión por coaccionar al empresario de la hostelería. Así de sencillo resulta convertir una acción sindical normal y corriente en una actividad delictiva.
En 1972, los jueces de la dictadura fascista condenaron a Marcelino Camacho y al resto de la dirección de Comisiones Obreras en el proceso 1001 a más de cien años de cárcel, argumentando que hacer sindicalismo de clase era ilegal.
Hoy, cuarenta años después del final del franquismo, sigue habiendo policías y jueces que consideran que hacer sindicalismo de clase es ilegal y que debe castigarse con la cárcel.
En este nuevo caso de represión está en juego la libertad de seis compañeras de CNT condenadas por luchar por los derechos laborales de toda la clase trabajadora. Y también está en juego el derecho a hacer sindicalismo. Si dejamos que los policías y jueces de ultraderecha se salgan con la suya, el derecho a hacer sindicalismo será papel mojado, porque cualquier acción sindical, por pacífica que sea, podrá ser considerada como una coacción al empresario y ser merecedora de una pena de prisión.
Nos jugamos mucho.
El 24 de septiembre, la CGT estará en Madrid para reclamar la absolución de las seis compañeras de CNT, para gritar alto y claro que hacer sindicalismo de clase no es delito y para denunciar una vez más que la ultraderecha judicial y policial es una amenaza para las libertades y la convivencia.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT
